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“La firma tiene una política muy clara de no brindar servicios a empresas que posiblemente estén vinculadas a actividades ilícitas». Esta es una de las tantas citas que se pierden en el mar de publicaciones que se han hecho sobre mi firma y mi persona en los últimos meses. Es difícil que predomine la verdad cuando abundan las preconcepciones que no entienden de razón.

He sido un ferviente y abierto defensor de la transparencia financiera y legal. Mis actuaciones dan fe de esta posición, ya sea como profesional desde Alcogal, como miembro de la Asociación Abogados Internacionales, o como ex embajador de Panamá en Estados Unidos.

Desde cada oportunidad, por varios años, critiqué las posiciones rígidas e inflexibles de algunos grupos que no entendían que el mundo había cambiado y que las reformas que estábamos introduciendo en Panamá eran necesarias para evitar sanciones económicas al país, cuyas consecuencias iban a ser más duras que el impacto de los cambios para la industria jurídica.

Que ironía de la vida, que al ser uno de los principales propulsores de la modernización de las leyes para enfrentar las presiones Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas publicaciones tratan de caracterizarme como algo que no soy, ignorando hechos concretos de mi trayectoria.

Entre otras iniciativas, impulsé la ley de Conoce a tu Cliente, que obligaba a las firmas de abogados a tener información sobre los dueños de las sociedades anónimas que habían organizado.

Después, pude aportar a las discusiones para dar viabilidad a los tratados de doble tributación y de intercambio de información fiscal; y luego de las acciones para hacer realidad la ley para inmovilizar las acciones al portador, las cuales pudieron implementarse sin mayores trastornos para el país.

Recientemente, usando nuestra experiencia y siendo referente en el mercado, marcamos el liderazgo con la reciente creación del Director de Transparencia (Chief Transparency Officer). Se trata de una necesidad correctamente generada por la nueva Ley 254 del 11 de noviembre de 2021.

Reconozco que Panamá tomó mucho tiempo en evolucionar su legislación, que otras naciones ya habían adelantado precisamente para atender las legítimas preocupaciones de la comunidad internacional.

También reconozco que en este camino me gané algunos enemigos por mi posición inquebrantable de contar cuanto antes con leyes más modernas, aunque ello tuviera implicaciones para la mayoría de los despachos de abogados.

Tengo muy claro los riesgos que suponen en el mundo actual el servicio de sociedad anónimas, perfectamente reglamentado, pero que puede ser utilizado de forma incorrecta.

Las reglas del juego cambiaron y para continuar relevantes es preciso seguir ajustando las leyes, y robusteciendo la supervisión de los servicios financieros y legales. La transparencia, sabemos, es una necesidad cambiante, sobre la cual nunca será del todo suficiente actuar. En ese camino, siempre me encontraré dispuesto a contribuir.