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EL COMPROMISO DE INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES A LA PROFESIÓN LEGAL PANAMEÑA, DEBE LLENARNOS A TODOS DE OPTIMISMO

Dar pasos concretos, con hechos y determinación, es la mejor manera para lograr los cambios con los que se sueña. Al final, la realidad en la que vivimos es el resultado de todo aquello que hacemos y no el simple reflejo de la visión que tengamos al respecto. Cuando se trata de sacar a nuestro país de la lista gris en la que se encuentra frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los pasos que hemos venido dando desde finales del siglo pasado nos han puesto en la dirección correcta para lograr el propósito de que Panamá, en febrero de 2022, pueda salir de esta lista y se siga consolidando como un referente mundial para el desarrollo de negocios y la recepción de inversión extranjera. Impulsando no sólo los esfuerzos de reactivación económica de nuestra sociedad, sino también, generando un efecto goteo de largo plazo que continúe mejorando la calidad de vida y el bienestar económico de los panameños y de los demás habitantes de la región.

Y es que en el 2022, los panameños tenemos razones para ser optimistas sobre la oportunidad para contrarrestar definitivamente aquellos factores que están detrás de la inclusión de nuestro país en la mencionada lista gris. Particularmente, me refiero por un lado a la implementación del Registro de Propietarios Beneficiarios, y por el otro, a la aprobación y entrada en vigencia de la ley 254 desde el 11 de noviembre del año pasado. Está norma, que indica que todas las empresas registradas en Panamá deben enviar los registros contables de su operación al agente registrado de la empresa en el país, además de ratificar otras medidas para fortalecer el sistema de prevención del lavado de capitales; hace parte de un esfuerzo por incorporar algunas de las medidas propuestas de la OCDE y el Grupo de Acción Financiera en pro de la transparencia financiera. Poniéndonos a la par de jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas, que proporcionan servicios corporativos internacionales similares a los nuestros.

Del mismo modo, los esfuerzos que hemos venido realizando como país para fortalecer nuestro sistema judicial y promover una verdadera administración de justicia, también son fundamentales para mejorar nuestro estado de derecho y con él, la percepción internacional de Panamá. La cooperación estrecha entre nuestra Fiscalía con el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer las capacidades de esta entidad y los últimos nombramientos en la Corte Suprema; comienzan a dar buenos resultados para reafirmar la noción de que en nuestro país la justicia tiene aplicación y que quién cometa a un delito en nuestro territorio no tienen otra opción más que asumir las consecuencias de sus actos de ser encontrado culpable. Dando seguridad jurídica a todos aquellos interesados en emprender e invertir en nuestro país.

Por supuesto, todo esto complementa los esfuerzos que viene realizando nuestra sociedad desde finales de la década de los 90, época en la que creó la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia del Mercado de Valores y se aprueba la Ley 42 que establece medidas para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales. Los esfuerzos de la década pasada en los que logramos adoptar medidas robustas para regular la práctica de los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Una larga trayectoria de fortalecimiento institucional y de mecanismos de compliance que han resultado en que de un total de 750,000 sociedades panameñas que había registradas, más de la mitad han sido eliminadas del registro por no cumplir con los estándares necesarios; y que adicionalmente, han permitido que Panamá suscriba además acuerdos de transparencia y divulgación de información con diversos Estados en el mundo y suscriba tratados internacionales como la Convención Multilateral de asistencia Administrativa Mutua para Fines Fiscales (Convención MAC).

Si como ciudadanos, todos asumimos un compromiso irrestricto por acompañar las acciones que nos ayuden a contrarrestar los factores que llevaron a que fuéramos incluidos en la lista gris ante la OCDE; como el fortalecimiento de nuestro sistema judicial o la incorporación de buenas prácticas y estándares internacionales de transparencia financiera; Panamá podrá mantener una senda de crecimiento y desarrollo que nos permita materializar esa visión optimista con la que iniciamos este 2022. Materializando los cambios que son necesarios para seguir avanzando como sociedad en la consolidación de un futuro en el que nuestro país continúe siendo un referente mundial en la industria de los servicios corporativos internacionales por hacer las cosas bien.